Los técnicos de aduanas protestan por la falta de medidas contra el fraude

Representantes de los Técnicos de Aduanas del ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) se concentraron ayer por la mañana en la puerta de entrada del edificio de la Aduana Marítima del puerto de Valencia para protestar por la falta de desarrollo de la disposición adicional cuarta de la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal y la ausencia de concursos de traslados.

Esta concentración es previa a la huelga y a la manifestación que tendrá lugar el próximo 25 de abril en Madrid, en vísperas del inicio de la campaña de Renta, a la que están convocados los aproximadamente 8.000 Técnicos del ministerio de Economía y Hacienda.

Economía sumergida
Según este sindicato, la falta de habilitación de los técnicos de Hacienda ha llevado las cifras de la economía sumergida en nuestro país hasta el 23%, la segunda mayor de la UE-15, sólo por detrás de Grecia y alejándose de la media del resto de países de nuestro entorno en 12 puntos porcentuales.

Según GESTHA, el estado de situación actual en la asignación de efectivos en la lucha contra el fraude provoca una distorsión en el principio de igualdad en la distribución de la carga fiscal.

Esto deviene en los pequeños contribuyentes con rentas del trabajo, cuyos ingresos son fácilmente controlables mediante las herramientas informáticas, sean los que soportan en mayor medida las contribuciones en forma de impuestos.

Soluciones
Para reconducir esta situación, los técnicos apuestan por la habilitación normativa para investigar las bolsas de fraude y por mejorar el control del gasto público.

De esta manera, según este sindicato, “se puede reducir la economía sumergida y lograr con ello ingresos adicionales de 30.000 millones de euros que facilitarían las medidas sociales y de inversión pública que el Gobierno se ha comprometido a realizar en la próxima legislatura”.

Asimismo, los técnicos advierten que si no se les permite investigar, con carácter inmediato, las operaciones con billetes de 500 euros realizadas en 2003 (que ascienden a más de 23.491 millones de euros ), “podría suponer la prescripción de más de 8.220 millones de euros de impuestos dejados de pagar en los meses de junio y julio”.