CiU, ERC, PNV y BNG critican que la Ley es intervencionista y antiautonómica, y PSOE y PP dicen que los puertos son “cuestión de Estado”.
El proyecto de Ley de Puertos dio ayer un paso crucial hacia su aprobación definitiva al ser rechazadas por la mayoría de los votos que representan el PSOE y el PP las enmiendas a la totalidad presentadas por Esquerra Republicana y CiU en el pleno del Congreso de los Diputados. A partir de ahora se abre el debate de enmiendas al articulado que se realizará en la Comisión de Fomento.
En su intervención José Blanco señaló que “se trata de una ley que permitirá avanzar definitivamente hacia el modelo de futuro del sector portuario que establezca un marco estable y consensuado para una gestión eficaz y una reducción de los costes portuarios”.
José Blanco también calificó la futura ley como de “oportunidad” para convertir a España en “pieza clave del transporte marítimo a nivel internacional”. Asimismo, subrayó que los puertos son “infraestructuras básicas de interés general que deben ser tratados con visión de Estado”, ya que su actividad está ligada “íntimamente” al funcionamiento de los mercados “de su área de influencia y de la economía nacional”. Por este motivo es necesario dotarles de un régimen económico “común pero flexible” en la prestación de servicios que permitirá corregir mediante inversiones las “disfunciones” que existen, atendiendo la singularidad de cada puerto y garantizando su autosuficiencia económica, al tiempo que incentiva su competencia, defendió el ministro de Fomento.
Por su parte, CiU y ERC rechazaron la “grave invasión de competencias” que ven en la reforma, al “cerrar definitivamente” cualquier posibilidad a una mayor integración de las infraestructuras portuarias y sus autoridades en el régimen jurídico autonómico.
El portavoz de CiU, Pere Macias, criticó el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP por “ser excluyente y tener como objetivo recortar la autonomía de gestión de las autoridades portuarias”. Por su parte, el diputado del PNV, José Ramón Beloki, denunció que la tramitación del proyecto de ley lleva paralizada desde la legislatura anterior hasta el acuerdo entre el PSOE y PP, que se han convertido en sus “padres adoptivos”. “El padre es el Grupo Socialista y la madre el señor Andrés Ayala -portavoz de infraestructuras del PP-”, recalcó. Ayala coincidió con Blanco en su disposición a alcanzar un acuerdo con todos porque “los puertos son una cuestión de Estado sobre la que el Congreso debe transmitir un mensaje de tranquilidad con un texto con vocación de permanencia”.
El pacto entre socialistas y populares establece que la ley mantendrá una estructura única para las tasas portuarias con bonificaciones regladas y un coeficiente corrector para cada puerto de carácter potestativo. Con respecto a la estiba, el modelo de gestión será único a través de sociedades mercantiles privadas, con capacidad de supervisión por parte de las autoridades portuarias.
“Mater semper certa est…”
El interrogante lanzado por el portavoz del PNV, José Ramón Beloki, acerca de la identidad de los padres de la criatura, dado que es una ley que desde hacía tiempo que “callejeaba huérfana”, fue rápidamente respondido por el popular Andrés Ayala, que aún reconociendo que tampoco sabe quienes son el padre o la madre pero, en cualquier caso, y “agarrándome al aforismo latino, Mater semper certa est , pater est, quem nuptiae demonstrant”. Por ello, “lo único que podemos hacer es invitarle a apadrinar a el niño en el momento que ha sido alumbrado”, señaló entre las risas y aplausos de los pocos diputados presentes en el hemiciclo. Pere Macias señaló que a pesar de la presentación de una enmienda a la totalidad por parte de CiU, “seguiremos participando activamente en las muchas enmiendas preparadas, en aspectos de tasas, estiba y defensa competencial, intentando aplicar la fuerza de la razón en todo lo que podamos”.
El proyecto de Ley de Puertos supera las enmiendas a la totalidad de CiU y ERC
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