La deuda de 400 millones de euros que tiene Aragón relacionada directamente con la logística, reconocida por propio el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, no va a frenar los nuevos proyectos de la comunidad autónoma relacionados con este sector.
Así se ha puesto de manifiesto esta semana, con la celebración de la primera reunión de trabajo de los impulsores del nuevo área logística e industrial de las comarcas oscenses del Cinca Medio, el Somontano de Barbastro y La Litera, una zona que pretende convertirse en la segunda gran área logística de Aragón, por detrás de PLAZA.
En la reunión, celebrada en Monzón y presidida por los consejeros de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez; Economía, Francisco Bono; y Obras Públicas, también participaron empresarios de estas comarcas aragonesas.
Pese a las dificultades por las que pasa PLAZA, Aragón sigue confiando en la logística y así lo subrayó el consejero de Política Territorial, señalando que “estamos ante un instrumento fundamental para potenciar y reactivar la economía de esta zona y, en consecuencia, el empleo”.
Para Rafael Fernández de Alarcón, esta nueva plataforma logística, situada cerca de la frontera con Catalunya, es un proyecto muy importante porque “la logística proporciona el puente entre las empresas y los mercados, lo que la convierte en un instrumento de cohesión social”.
Sin embargo, y puede que debido a la deuda que arrastra el Gobierno aragonés por temas logísticos, la idea es que el nuevo proyecto, con un horizonte a 15 o 20 años, se desarrolle con los mínimos fondos públicos posibles. Por ello, la iniciativa privada será clave en este plan.
Los problemas de PLAZA
Mientras en Huesca se piensa en el desarrollo de una nueva gran plataforma logística, los juzgados han ordenado el embargo preventivo de bienes de la plataforma logística PLAZA por valor de 10,4 millones de euros, cantidad que reclama la UTE formada por Mariano López Navarro y Acciona.
Por el momento, el Gobierno aragonés piensa en recurrir el auto de embargo a PLAZA ya que, según Fernández Alarcón, la UTE presentó una liquidación de 240 millones de euros, mientras el contrato inicial contemplaba un pago de 60 millones. “Nos hemos enterado de que esa liquidación incluye obras no acabadas ni puestas en servicio”, aseguró el consejero.
El Ejecutivo pretende pagar y resolver la deuda de 173 millones de euros que se encontró al inicio de la legislatura.
Fuente: Elena Garcia DIARIO DEL PUERTO
