Las Vegas Sands insiste en que en su proyecto Eurovegas, que tiene intención de desarrollar en el municipio de madrileño de Alcorcón, no rijan en su totalidad las leyes españolas.
En un comunicado, la empresa sostiene que sigue interesada en el proyecto y que dispone del dinero necesario para llevarlo a cabo, pero a cambio, exige que se acometan reformas legislativas que no detalla, por darlas por sabidas. El proyecto, asegura, «requiere garantías de que habrá un marco legal adecuado» y que «no cambie con el tiempo», por lo que la compañía insta al Gobierno central, que hoy mismo ha vuelto a dejar in albis la cuestión, a responder a sus exigencias.
En primer lugar, el comunicado destaca el interés de la empresa «en desarrollar un complejo multimillonario de resorts integrados en España no ha disminuido en absoluto». La compañía recuerda que «recientemente, a mediados de julio» manifestaron dicho «interés con la entrega al Gobierno regional de Madrid del plan de viabilidad», documento que contiene su propuesta para levantar una ciudad del juego, congresos y ocio en Alcorcón.
Según la empresa americana el problema no está en la financiación del proyecto. «No existen barreras financieras para que la empresa pueda iniciar o completar el proyecto propuesto en Madrid. Nuestro balance financiero es sólido y la capacidad de la compañía para asegurar la financiación necesaria es excepcional en la industria».
Es más, la empresa asegura tener «la capacidad para financiar y desarrollar simultáneamente varias propiedades en diferentes partes del mundo». «Cualquier declaración que sugiera que el desarrollo de un gran complejo integrado en Japón o en otro país podría ser una carga para nuestra capacidad de desarrollar el proyecto en Madrid, está completamente fuera de lugar», señala tajante la nota.
«Si bien la mayoría de estas oportunidades se centran en las más grandes o en las segundas ciudades de un país en particular, nuestro objetivo en España —con 12 resorts integrados— es el de crear las mayores instalaciones de congresos y convenciones de Europa, y potencialmente del mundo, además de instalaciones de comercio al por menor», reitera Las Vegas Sands.
«Se prevé que nuestra propuesta de desarrollo en España sea el mayor proyecto inmobiliario del sector privado jamás llevado a cabo», añade la nota, que deja para el final el asunto más espinoso, el llamado marco legal, es decir, las reformas legislativas que exige al Gobierno de España para seguir adelante. «Este tipo de inversión requiere garantías de que habrá un marco legal adecuado para permitir el proyecto y para que las condiciones bajo las que la compañía ha aceptado desarrollar y operar dicho proyecto no cambien con el tiempo», sostiene, para concluir instando al Ejecutivo de Mariano Rajoy a responder: «Esperamos con interés la reacción del Gobierno a nuestro estudio de viabilidad».
Apenas unas horas antes de emitirse este comunicado, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha vuelto a dejar pasar una oportunidad de aclarar cuáles son los planes del Gobierno respecto a una de las principales reclamaciones de Adelson: cambios en la ley antitabaco que permitan habilitar zonas en fumadores en recintos cerrados. En el Congreso de los Diputados, Mato ha asegurado que sería «una perfecta insensatez e irresponsabilidad» que el Gobierno rechazara proyectos generadores de riqueza económica para España «sin ni siquiera mirarlos», en referencia a Eurovegas.
Mato respondía así al diputado socialista José Martínez Olmos que le ha preguntado por enémisa ocasión si va a atender el Gobierno a los intereses económicos por encima de la protección de la salud cambiando la normativa del tabaco a petición de los promotores de ese proyecto. En realidad, no ha respondido a la pregunta, ya que no ha aclarado si se va a no a modificar la normativa aunque tampoco le ha dado un portazo.
Tras semanas de presión que han desembocado en una guerra abierta del Gobierno regional con el central, González solo ha conseguido arrancar al Ejecutivo un tímido apoyo al proyecto y la promesa de que están buscando una solución. La más probable para el Ejecutivo es que la Comunidad presente una iniciativa legislativa en la Asamblea de Madrid en la que se solicite para el Gobierno regional tener la competencia en materia de tabaco. Una receta que no cuenta con el visto bueno de González, que ve cómo se le acaba el tiempo.
