Toca sacar el calendario y apuntar: 2024. A partir de ese momento, los españoles tendrán que calcular el coste de todos sus viajes y no, no hablamos del tiempo o la gasolina, hablamos de peajes. La política del ‘pago por uso’, unido al principio de ‘el que contamina paga’, ha quedado recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, de alcanzar el consenso, supondrá la implantación de nuevos pagos en la red de carreteras del Estado.
La noticia no ha tardado en generar opiniones a favor y en contra de esta iniciativa que, para el transporte de mercancías, supone la llegada de una “tasa tóxica”, tanto para su actividad en particular y como para la economía en general.
La patronal española del transporte internacional por carretera, ASTIC, dando un paso al frente, ha querido exponer las cuatro razones que han llevado al sector a rechazar de forma frontal la medida propuesta por el Gobierno, alegando motivaciones económicas y de seguridad vial.
Presión fiscal duplicada
Los usuarios de las carreteras españolas, tanto particulares como profesionales del transporte, apuntan desde ASTIC, “ya pagamos mucho más de lo que costamos con nuestros impuestos sobre el combustible”.
Según la asociación, teniendo en cuenta solo el Impuesto Especial de Hidrocarburos, los usuarios de la carretera generan anualmente unos 11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas. En el caso del transporte profesional, un tercio del coste total operativo corresponde al gasto en combustible, a lo que hay que sumar otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad.
Por ello, para ASTIC esta tasa es, en realidad, un “repago”.
Toxicidad para la economía
La denominada como “tasa tóxica” por el transporte de mercancías apunta a los efectos que esta medida tendría sobre la competitividad de la economía española, ya que “encarecería el precio de nuestros productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes, uno de los principales cimientos de nuestro PIB; y de servicios como es el sustancial volumen de turistas que nos visitan por carretera”.
En España, el 95 por ciento del movimiento terrestre de mercancías y el 85 por ciento del de personas tiene lugar por carretera, gran parte de él en autobuses y autocares.
El que contamina, paga
Uno de los motivos que se esgrimen, además del coste de mantenimiento de la infraestructura, es imponer estos peajes para reducir el impacto de la carretera sobre el medio ambiente, bajo la premisa de «quien contamina paga».
Sin embargo, ASTIC ha salido en defensa del sector, subrayando que el transporte profesional por carretera en la UE representa menos del 6 por ciento de las emisiones de CO2, es decir, el 0,5 por ciento del total mundial.
Más siniestralidad
Finalmente, la organización ha puesto el foco en la seguridad de los usuarios de las vías que, aclaran, buscarán alternativas para evitar los peajes, exponiéndose a carreteras más peligrosas o en peores condiciones. Por tanto, el tráfico se derivará a vías secundarias, algunas de ellas, con déficit de mantenimiento y conservación.
Para Ramón Valdivia, director general de ASTIC, la existencia de estas infraestructuras permite que la sociedad sea mucho más eficiente, cohesionada y próspera, por lo debe estar sufragada entre todos, “ya que sin duda todos nos beneficiamos de la existencia de una buena red de carreteras; pero hay que insistir en que los usuarios ya pagamos con creces vía impuestos de hidrocarburos”.
Fuente: www.logistica.cdecomunicacion.es
