El departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha interpuesto querella criminal ante los Juzgados de Donostia/San Sebastián contra la diputada foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide Iruretagoiena y la empresa pública BIDEGI SA, por hechos que pueden ser constitutivos de delito.
La Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, por medio de la empresa pública BIDEGI SA, sigue cobrando el canon previsto para la N-I y la A-15 por la Norma Foral 6/2018 de 12 de noviembre, cuando tiene pleno conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -órgano judicial supremo de la comunidad-, la declaró nula y que dicha resolución es firme, más allá de cualquier estrategia empleada por la Diputación de Guipúzcoa para encubrir esta sentencia.
Esta querella es consecuencia del comportamiento contumaz de la titular de la Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, quien se negó desde un primer momento a escuchar las razones del transporte por carretera sin que luego, a pesar de las reiteradas resoluciones judiciales en su contra, haya cambiado de política. «Ahora prefiere atropellar a todo un sector de transporte, pasando por encima de las decisiones de los Tribunales, todo ello antes que reconocer sus reiterados y gravísimos errores de gestión, que pretende ocultar entre declaraciones públicas fuera de tono y de desprecio hacia quien sólo defiende su derecho a trabajar y ganarse la vida sin intromisiones ilegítimas» declara el Comité Nacional de Transporte por Carretera en un comunicado.
El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha asegurado que no le queda otra opción que seguir defendiendo los derechos de sus representados acudiendo de nuevo a los Tribunales, para solicitar amparo ante la Ley, «reclamando el imperio de la ley y del Derecho».
Fuente: www.transporteprofesional.es