Los transportistas denuncian que la ley francesa de cambio climático «incluye medidas irreales y perjudiciales».
El Parlamento francés ha aprobado la ley de lucha contra el cambio climático, que impondrá peajes a los camiones a partir de 2024 y penalizará a los diésel a partir de 2030. Varias asociaciones de transportistas franceses han expresado su rechazo con estas medidas, según transmite Fenadismer.
La patronal española destaca que esta norma afectará a las más de 30.000 empresas transportistas españolas que se dedican al transporte internacional. Fenadismer considera dichas medidas una “cruzada irracional” y “alejada de la realidad hacia el colectivo del transporte por carretera”. Destaca que, “según varios estudios científicos, los transportistas emiten menos del 6% de las emisiones de CO2 a nivel nacional y el 1% de las emisiones a nivel mundial”.
MEDIDAS
Fenadismer cita entre las medidas más perjudiciales para el sector del transporte por carretera:
- Se establece la prohibición de circulación de vehículos de transporte propulsados por combustibles fósiles en los ámbitos metropolitanos de las ciudades de más de 150.000 habitantes a partir del 31 de diciembre de 2024. “En apenas tres años, los vehículos diésel o de gasolina ya no podrán circular libremente en dichas poblaciones, mientras que la disponibilidad de vehículos limpios seguirá siendo muy limitada, por lo que dichas ciudades previsiblemente experimentarán muchos problemas de suministro y a la vez muchos transportistas verán reducida su actividad”.
- Se eliminará completamente la devolución parcial del impuesto sobre los carburantes (gasóleo profesional) el 1 de enero de 2030, “lo que resulta incongruente ya que simultáneamente se permitirá seguir vendiendo vehículos que utilizan combustibles fósiles hasta el año 2040, por lo que incomprensiblemente los transportistas serán gravados con impuestos elevados durante al menos 10 años”.
- La nueva Ley prevé la posibilidad de diferenciar los precios de los peajes según el tipo de motorización o las emisiones de dióxido de carbono. “Esto significa, por tanto, que además de pagar un alto precio por el diésel profesional a partir de 2030, los transportistas pagarán aún más los peajes, pese a que esos mismos peajes se han incrementado en más de un 40% desde la privatización de las empresas que las gestionan”.