Así lo espera John Manners-Bell, uno de los principales analistas de la consultora Ti, indicando que “tras años de debate y negociación, el Consejo de la UE votó a favor de adoptar la Directiva sobre sostenibilidad empresarial (CS3D) el 15 de marzo de 2024. Los Estados miembros dispondrán ahora de dos años para transponer la ley a su legislación nacional”.
Pero hasta llegar a dicho momento, se produjeron algunas cuestiones que conviene analizar. Por ejemplo, que “la principal diferencia entre la versión preliminar y la directiva finalmente aprobada se refería al tamaño de las empresas afectadas. En un principio, los legisladores pretendían que la ley se aplicara a empresas con un volumen de negocio superior a 150 millones de euros y más de 500 empleados. Estos umbrales cambiaron a un volumen de negocio de 450 millones de euros y 1.000 empleados, sustancialmente superior. En un principio, la legislación también se aplicaba a empresas más pequeñas por debajo de este umbral en determinados sectores de alto riesgo, pero esto se suprimió”.
En esta misma línea, “las empresas más grandes (más de 1.500 millones de euros y más de 5.000 empleados) tendrán tres años para cumplir la normativa (antes de 2027), mientras que las más pequeñas tendrán hasta 2029”.
“Sorprendentemente”, a juicio de Manners, “muchas empresas han apoyado la nueva ley”. Aldi, Bayer, Mars, Tchibo, Maersk y Nestlé publicaron cartas pidiendo al gobierno alemán que aprobara la directiva. La Coalición del Cacao declaró: «Reiteramos la importancia crítica de aprobar la directiva CDSD lo antes posible… No hacerlo socavaría significativamente el establecimiento de unas condiciones equitativas en toda la Unión Europea, conduciría a una fragmentación de los enfoques nacionales y supondría un importante revés para la sostenibilidad en las cadenas de suministro mundiales”.
Buscando el equilibrio
Los legisladores de la UE han tenido la difícil tarea de equilibrar las preocupaciones éticas y medioambientales con los costes adicionales que esto impondrá a las empresas. Al justificar estos costes, la Comisión Europea afirmó que la directiva crearía:
– Un marco jurídico armonizado en la UE, que crearía seguridad jurídica e igualdad de condiciones.
– Mayor confianza de los clientes y compromiso de los empleados.
– Mayor concienciación sobre el impacto negativo de las empresas en el medio ambiente y los derechos humanos.
– Mejor gestión del riesgo y adaptabilidad.
– Mayor atractivo para el talento, los inversores orientados a la sostenibilidad y los compradores públicos.
– Mayor atención a la innovación.
– Mejor acceso a la financiación.
