Existe cierta celeridad en poner en marcha los cambios necesarios, que requieren de una alta inversión económica en formación y en innovación
La Ley Europea de Inteligencia Artificial (ley de IA), el primer reglamento global del mundo sobre inteligencia artificial, entró en vigor el pasado día 1 de agosto. Representa un hito en la regulación de la inteligencia artificial y nace con el objetivo de establecer un marco ético y seguro para el desarrollo y uso de esta tecnología. El negocio marítimo es un ámbito más donde deberá aplicarse el despliegue de medidas que exige la normativa. Si bien aún resta cierto margen hasta que la regulación europea deba entrar totalmente en vigor, existe cierta celeridad necesaria en actualizar sistemas y protocolos internos que dependen de una inversión económica alta y de un stock de talento humano que, a día de hoy, escasea, como también lo hacen los recursos económicos para invertir en formación sobre la materia.
Y es que las empresas portuarias deberán adaptarse a los nuevos requisitos legales y tecnológicos, lo que puede suponer una inversión significativa en tiempo y recursos, y los profesionales de sistemas de IA con habilidades específicas en ciberseguridad y ciencias de datos “pueden ser un desafío de encontrar para muchas empresas”, asegura el director de la Cátedra Smart Ports de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo. “La formación del personal en materia de IA también supone un coste adicional. Y, en este sentido, también habría que mencionar, una vez más, la falta de profesionales cualificados”, señala el también expresidente de Puertos del Estado. Por otro lado, la ley de IA basa sus principios en la detección temprana de amenazas, de forma que sus sistemas pueden ser entrenados para identificar patrones anómalos en grandes volúmenes de datos, como los que se manejan en los puertos. “Sin embargo, la ley exige que estos sistemas sean transparentes y explicables, lo que podría dificultar el uso de técnicas de aprendizaje profundo más oscuras pero efectivas”, asegura.
Además, el comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea, Thierry Breton, reconoce que, a día de hoy, la ley todavía es demasiado compleja y que sólo el tiempo podrá remozarla para su aplicación sin errores. “Todavía existe bastante ambigüedad en algunas cuestiones que conciernen a las autoridades portuarias, no sólo de España, sino de cualquier Estado miembro, que deben ser quienes vehiculen la puesta en marcha de la ley. Eso, sumado a que no todos tendrán los mismos recursos materiales y humanos, puede terminar siendo un inconveniente para las autoridades portuarias”. Además, los analistas consultados apuntan a la dificultad de adaptarse a una normativa que avanza más lentamente que la tecnología y la propia IA. “Su rápida evolución puede generar lagunas legales y hacer necesario que la norma se actualice frecuentemente”, vaticina Francisco Toledo (Cátedra Smart Ports).
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