FETEIA solicitará que los OEA españoles tengan los mismos beneficios que los del resto de la UE

La Comisión de Aduanas de FETEIA-OLT decidió en su reunión del jueves solicitar al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria una serie de beneficios operativos para las empresas que tienen concedido el estatuto de Operador Económico Autorizado (OEA), y que las empresas de otros Estados Miembros conceden de oficio a sus OEA.

En el encuentro se analizó, además, la problemática que está ocasionando a las empresas del sector la entrada en vigor de la normativa que regula el número de Registro e identificación de Operadores Económicos (EORI), por la que los Operadores Económicos y empresas de comercio exterior deben consignar en sus declaraciones sumarias y aduaneras el número asignado, único en toda la UE.

Entre los temas abordados se comentó el desvío de tráficos a otros países debido a que la revisión de DUA’s que se vienen realizando últimamente en la mayoría de las Aduanas del Estado para determinados tráficos de mercancías, por el alcance económico de las liquidaciones complementarias que se emiten por el incremento del valor de las importaciones.

Por ello se acordó mantener un encuentro con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales para trasladar su preocupación e inquietud al respecto.

Otro acuerdo tomado fue el de mantener una reunión con el Ministerio de Sanidad y Política Social para solicitar que las inspecciones de farmacia de los artículos sanitarios se puedan realizar en los ADT, evitando con ello movimientos innecesarios de las mercancías a los PIF, por el importante riesgo y coste que representa.

Por otra parte, el miércoles tuvo lugar la Comisión Marítima de FETEIA en la que se analizó la complicada situación del transporte de contenedores y en la que se recibió de forma muy favorable la Directiva de la UE publicada el pasado mes de julio, para simplificar y facilitar los procedimientos administrativos de buques en los puertos europeos, concediendo a los Estados Miembros el plazo de cinco años para establecer una fuente única administrativa en los puertos.