Puertos del Estado y Aeade firman un convenio para fomentar el arbitraje

Ayer, en la sede de Puertos del Estado, Javier Íscar, secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y Fernando González Laxe, presidente de Puertos del Estado, firmaban un convenio para la difusión y fomento del arbitraje como instrumento de solución de conflictos en la contratación pública y, en particular, en el ámbito portuario.

Ayer, en la sede de Puertos del Estado, Javier Íscar, secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, y Fernando González Laxe, presidente de Puertos del Estado, firmaban un convenio para la difusión y fomento del arbitraje como instrumento de solución de conflictos en la contratación pública y, en particular, en el ámbito portuario.

Al acto también asistió Alberto Dorrego de Carlos, presidente del Tribunal de Arbitraje de la Contratación Pública, Tacop, de Aeade.

Ambas entidades se comprometen a impulsar la incorporación de convenios arbitrales a los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos públicos licitados por Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, estableciendo el Tribunal de Arbitraje de la Contratación Pública (Tacop) de Aeade, y la lista de árbitros especialistas que lo integran, como institución de referencia a estos efectos.

Para González Laxe, “una de las más importantes ventajas del arbitraje es la certidumbre que transmite, siendo conscientes de la seguridad de contar con una resolución definitiva”. Según Íscar de Hoyos, “el arbitraje se puede pactar antes y después de surgida la controversia. Es suficiente con que las partes acuerden solucionar dicho conflicto vía arbitraje especializado”. Y añade que “las empresas públicas y privadas encuentran en el arbitraje del Tacop de Aeade un aliado, puesto que en menos de un año se solventarán las controversias que puedan surgir por uno o tres expertos de primer nivel en la materia”.

Ambas entidades consideran que el sometimiento a arbitraje de las controversias surgidas en la ejecución, modificación y extinción de los contratos adjudicados por Puertos del Estado y por las Autoridades Portuarias, en el ámbito de los límites establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, constituye una nueva alternativa legal que ofrece rapidez y seguridad jurídica a las partes en conflicto y plenas garantías de imparcialidad y calidad técnica en la solución del mismo.

El arbitraje, además, contribuirá a generar un entorno de confianza y colaboración entre el sector público y los operadores privados y a fomentar la inversión privada en este sector estratégico de la economía española. Asimismo, puede contribuir a la homogeneización que predica la Ley 27/92 al tratarse de un mecanismo previsto para todas las entidades del sector público.

La Ley 33/2010, reguladora de este organismo público, establece, en su artículo 24.2, que en materia de contratación habrá de someterse, entre otros, al principio de homogeneización del sistema de contratación del sector público.