La nueva Ley «no tiene nada que ver» con la fijación de tarifas mínimas, aclara la secretaria general de Transportes, María José Rallo.
Los transportistas efectivos de mercancías por carretera, tanto autónomos como flotistas, deberán demostrar de forma individual ante la Administración cuáles son con precisión los costes reales de su actividad para quedar amparados por la nueva Ley de Cadena del Transporte.
La Ley ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de este 1 de agosto para atender, recalcan desde el Ministerio de Transportes, una de las demandas contenidas en los acuerdos del pasado mes de diciembre entre el Comité Nacional y el Gobierno y también la medida más reclamada desde la Plataforma liderada por Manuel Hernández, no integrada en el Comité y convocante de los paros sectoriales de marzo.
La nueva norma, muy esperada en los últimos meses en el seno del sector, entrará en vigor mañana mismo, 2 de agosto, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Habrá que esperar por lo tanto a conocer con profundidad el texto legal, con todos los detalles relativos a aplicación y efectos reales de mejora sobre el transporte, así como la valoración tanto del Comité Nacional en su conjunto como de cada una de las asociaciones que lo integran, cuyos puntos de vista no son plenamente coincidentes sobre la puesta en vigor de esta normativa.
NO SON TARIFAS MÍNIMAS
La nueva Ley de Cadena del Transporte «no tiene nada que ver» con la fijación de tarifas mínimas generalizadas en el transporte, lo que iría en contra de la normativa europea, tal y como ha precisado a Ruta del Transporte la secretaria General de Transporte, María José Rallo, que ha comparecido este lunes para detallar el contenido del nuevo Real Decreto. «Se trata de corregir situaciones específicas cuando existe asimetría en el mercado», ha precisado.
Respecto a las reticencias mostradas por el Comité Nacional hace algunas semanas tras conocer el borrador de la Ley, Rallo ha mostrado su confianza en que el texto final alcanza un punto de equilibrio entre los diferentes puntos de vista de las diferentes asociaciones del Comité Nacional. «Quizá las asociaciones de autónomos hubieran preferido que la Ley defendiera más a este colectivo, y quizá otras asociaciones piensen que hemos llegado más allá de lo que ellos hubieran preferido», ha explicado la secretaria general de Transportes del Mitma.
Sobre la posibilidad de que la Ley de Cadena de Transporte sirva para calmar los ánimos de Manuel Hernández, presidente de Plataforma, y de sus seguidores, María José Rallo no ha dudado al afirmar que las reclamaciones de esta organización «han quedado razonablemente satisfechas».
La norma persigue la protección de los transportistas efectivos más vulnerables en la negociación del precio del transporte, explican desde el Mitma. Y para ello se ha llevado a cabo la incorporación en la normativa de transporte de mercancías por carretera de los principios inspiradores de la cadena alimentaria.
De cara a que la nueva Ley tenga una utilidad real, Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre, ha advertido que «el transportista tiene que hacer un ejercicio previo para averiguar sus costes». Y ha insistido además en que dentro del Comité Nacional hay un «consenso generalizado» en torno al contenido de esta Ley tras haber sido incorporados los últimos planteamientos remitidos desde el Comité Nacional al Mitma.
Con la entrada en vigor de la Ley de Cadena del Transporte, los contratos de transporte con el transportista efectivo serán por escrito y recogiendo el precio del transporte, que debe ser igual o superior a los costes. Se contemplan nuevas infracciones y sanciones respecto a esta obligación. También se plantea un Código de buenas prácticas sobre niveles de subcontratación de los intermediarios del transporte. Y en seis meses se analizará la efectividad de las medidas y se presentará un proyecto de ley sobre la subcontratación.
El nuevo Real Decreto aprobado hoy incluye también un nuevo paquete de ayudas económicas por importe de 450 millones de euros idéntico al aprobado en marzo, si bien ahora acoge también al transporte de mudanzas. Se repartirán 1.250 euros por camión y 500 euros por furgoneta.
Fuente: https://www.rutadeltransporte.com/
