La cita electoral del 23 de julio deja en el aire la Ley de Movilidad, las ayudas al carburante o la búsqueda de socio de Renfe Mercancías
El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha sorprendido al sector logístico y de transporte de mercancías en su conjunto. Desde la prudencia y producto de la cita electoral prevista para el 23 de julio, diversos actores consultados vaticinan nuevas demoras en la puesta en marcha algunos de los proyectos que formaban parte de la hoja de ruta del actual ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Cuestiones como la Ley de Movilidad Sostenible, acciones para aumentar la cuota ferroviaria, la extensión de las bonificaciones al carburante profesional o la negociación de Renfe Mercancías con los tres potenciales aspirantes a socio del operador quedan marcados con un gran interrogante.
El estado en el sector es de máxima cautela y pocos se atreven a vaticinar qué ocurrirá con los proyectos
En general, los representantes del sector logístico muestran máxima prudencia y pocos se atreven a ofrecer un vaticinio. Tanto el ministerio de Transportes, la patronal de logística UNO y el administrador público Adif, impulsor de muchos de los trabajos que se están llevando a cabo en la red ferroviaria, han declinado realizar valoraciones por el momento. Muchos de los actores del sector han declinado incluso extenderse sobre los posibles efectos que tiene el adelanto electoral y el resultado de las urnas.
El presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González, ha comentado que en los próximos días había una reunión prevista con el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “para avanzar con los temas que llevamos negociando desde hace meses” y que, “por lógica, se van a paralizar”. De cara al futuro más inmediato, Carmelo González prefiere ser cauto y apostar por una negociación “con todos los partidos políticos para poner de manifiesto las necesidades del sector”.
Por otro lado, también queda en el aire la modificación de las masas y dimensiones a 44 toneladas, “el caballo de batalla de los cargadores y un verdadero problema”, en palabras del secretario general de la asociación de empresas cargadoras Transprime, Jordi Espín. Aspectos esenciales por clarificar como la responsabilidad del cargador, la subcontratación, la prohibición de carga y descarga y el pago por uso quedan ahora en el limbo a la espera de la resolución de las urnas. En opinión de Jordi Espín, “todo lo logrado el año pasado obedecía a un modelo de equiparación en las condiciones de los transportistas”, pero el parón de las gestiones supondrá “esperar de nuevo un año más”, se lamenta. Además, el secretario general de Transprime apunta que el resto del sector del transporte por carretera ha quedado al final de la cola en cuanto a la puesta en marcha de medidas y que nada de lo aprobado sigue un plan de ejecución concreto. “¿Dónde está el modelo?”, se pregunta.
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Fuente: www.elmercantil.com
